En la
memoria de muchos puertorriqueños quedó grabado, aquel miércoles 5 de noviembre
de 1980 a las 2:30 de la madrugada, cuando el exgobernador, Carlos Romero
Barceló, se proclamó ganador pese a que iba en desventaja con Rafael Hernández
Colón por 1,000 votos. Luego del
famoso apagón a las 8:00 p. m. los números cambiaron como por arte de magia y
aquella fue una de las elecciones más reñidas de la historia de Puerto Rico.
Se proclamaron acusaciones de robo. Se denunció
la existencia de versiones de
cajas llenas de papeletas sin contar, y por supuesto, la petición del recuento
no se hizo esperar. De todas
maneras, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) confirmó la victoria de Romero
Barceló por poco más de 3,000 votos.
En cuanto al tema de fraude en el proceso
eleccionario, el exgobernador, Pedro Roselló, en su libro A Mi Manera enfatizó que "el fraude electoral va incrementando
no importa el partido, existe corrupción y fraude en todos los
partidos". Roselló opinó,
además, que durante la contienda para el puesto de gobernador frente a Aníbal
Acevedo Vilá en el 2004 también hubo robo eleccionario. En fin, que las
acusaciones de fraude surgen en cada evento eleccionario marcando
significativamente la credibilidad de los puertorriqueños en el sistema
democrático del país. A juzgar por la historia, desde la época de nuestros
abuelos escuchamos los cuentos de fraude de la CEE. En la actualidad, el tema es el mismo.
Este año no es la excepción. El caso de
fraude en las primarias de Guaynabo es un ejemplo de la crisis electoral del
país. El proceso eleccionario se presta para dudas en la integridad de las
elecciones, pero jamás había quedado al descubierto y sin duda razonable un
fraude de esa magnitud. Las
acusaciones involucran varios funcionarios públicos y de alto nivel. Ante esta situación, ¿someterán
acusaciones formales contra los involucrados? ¿Le aplicarán todo el peso de la
ley?
Héctor Conty, presidente de la CEE, creó una
comisión especial que investigó el escándalo y el informe señala fraude masivo
en la primaria PNP. Desde
falsificación de firmas y alteración de papeletas hasta en un esquema de mudanzas
fatulas. El calígrafo habló por los empleados envueltos en el fraude. Ya todo el mundo sabe lo que ocurrió,
pero ¿y la querella, dónde está?
Según el informe del
comité ad hoc entre los participantes se encontraban agentes de la policía que
explicaron cómo se fraguó el esquema delictivo. El plan, según los informantes, era sacar de carrera al
novoprogresista Ángel Pérez. Con este propósito, los agentes mintieron sobre su
lugar de residencia de manera que se les permitiera participar en la elección
del distrito 6 y votar por Antonio Soto, el favorecido de Héctor O'Neill,
alcalde de Guaynabo, a la Cámara de Representante.
Y la pregunta será, ¿a
quién le tiemblan las rodillas? ¡Ahhhh! Esa es la pregunta de los sesenta mil
chavitos. Se alega que con el
asunto de las mudanzas fatulas hay 53 empleados municipales de Guaynabo que
mintieron sobre su residencia para beneficiar al candidato de O'Neill en las
primarias. Este hecho constituye
un delito criminal que conlleva cárcel.
La CEE, el Departamento de Justicia, el Gobernador y el PNP están que no
saben que hacer con el sal pa' fuera que se formó y todavía están pensando a
quién culpar. Ya veremos, con la
guachafita que le vienen al pueblo.
Espero que a alguien
se le ocurra desenmascarar al autor intelectual y sus cómplices para procesarlos
como dicta la ley. Ya empezaron
las contradicciones cuando O'Neill anunció que contrató a exsuperintendente de
la policía, Pedro Toledo, para que investigue cómo se orquestó el fraude. El propio Toledo desmintió las
expresiones O'Neill. Al parecer,
algunas personas fueron coaccionadas para participar del esquema de fraude, lo
que pone el dedo acusador hacia funcionarios de alto nivel. Con un poco de presión los involucrados
hablarán, lo que facilita la investigación.
A pesar de que la posibilidad
de fraude está presente en todas las elecciones, muchos confiábamos en nuestro
sistema electoral. Tal vez, por la fe y la esperanza de soñar con un Puerto Rico
mejor. El pueblo recibió un golpe
bajo a la democracia y espera acción para, de alguna manera, recuperar la
confianza de nuestro sistema electoral. La evidencia es contundente. Vuelvo
y pregunto, ¿y la querella, dónde
está?
Por Brenda Vázquez
5/junio/2012
